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Plan de transición hacia una nueva normalidad

COLEGIO DE ECONOMISTAS. Respuestas concretas a preguntas frecuentes en materia tributaria relacionadas con el COVID-19

 

AGENCIA TRIBUTARIA. Preguntas frecuentes en materia tributaria

 

Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo

MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE CONTAGIOS DEL COVID-19

 

GUIA para hacer la declaración de la renta.

INCLUYE LAS NOVEDADES FISCALES RELATIVAS AL CORONAVIRUS

CERTIFICADO ACREDITATIVO INDIVIDUAL DE NECESIDAD DE DESPLAZAMIENTO PERSONAL POR MOTIVOS LABORALES

MODELO GUIA INFORME FINANCIERO PARA LA SOLICITUD DE FINANCIACION

DOCUMENTO PARA LA REGULACION DE EMPLEO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (PRINCIPADO DE ASTURIAS)

Instrucciones para localizar en la sede electrónica del Principado de Asturias el número de Expediente de Regulación Temporal de Empleo presentado por fuerza mayor como consecuencia del COVID-19

Guía práctica con las preguntas más frecuentes sobre las medidas adoptadas para los AUTÓNOMOS por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

CUESTIONES OPERATIVAS SOBRE MEDIDAS RESTRICTIVAS R.D. 463/2020 POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE MASCARILLAS EN LA COMUNIDAD EN EL CONTEXTO DE COVID-19

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado
de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad

Dudas de las Delegaciones del Gobierno en relación con Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019

Resumen de las principales medidas tributarias contenidas en el Real Decreto Ley 17/2020

  • Artículo 10 relativo a la definición de producciones cinematográficas:

 

La deducción del artículo 36.1 de la LIS 27/2014 recae, entre otras, en las producciones españolas de largometrajes cinematográficos, cuya definición se encuentra recogida en el artículo 4 letra a) de la Ley 55/2007, del cine. En dicho artículo se indica que para que sea película cinematográfica, y por tanto encontrase en el ámbito objetivo del incentivo, la obra “debe estar destinada, en primer término, a su explotación comercial en salas de cine”.

Pues bien, en el artículo 10 de este RD relaja dicho requisito, disponiendo que hasta el 31 de agosto de 2020 se considerará también estreno comercial de una película, sin que esta pierda su condición de película cinematográfica conforme se define en el artículo 4.a) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, el que se lleve a cabo a través de la televisión y plataformas que ofrezcan contenidos en streaming (a través de servicios de comunicación audiovisual televisiva, así como de servicios de comunicación electrónica que difundan canales de televisión o de servicios de catálogos de programas).

 

  • Disposición adicional segunda a Disposición adicional sexta. Reconocimiento del carácter de acontecimientos de excepcional interés público:

 

Se dispone que tendrán la consideración de acontecimientos de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, los siguientes:

– El «Plan Berlanga».

– El programa «Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela»

– La celebración del evento «España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort en 2021».

– El «Plan de Fomento de la ópera en la calle del Teatro Real».

– La celebración del «175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu».

  • Disposición final primera. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades en relación con la deducción del artículo 36.1 y 2:

 

Ámbito temporal de la reforma: Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2020.

1.- En relación con las inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales reguladas en el artículo 36.1 de la LIS:

  1. Incremento de tipos de deducción:Hasta ahora: b) Del 20 por ciento sobre el exceso de dicho importe.
  2. a) Del 25 por ciento respecto del primer millón de base de la deducción.
  3.  

Para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2020:

  1. a) Del 30 por ciento respecto del primer millón de base de la deducción.
  2. b) Del 25 por ciento sobre el exceso de dicho importe.

Hay que tener en cuenta que en las Islas Canarias el REF establece que los tipos aplicables sobre las inversiones realizadas serán superiores en un 80 por 100 a los del régimen general, con un diferencial mínimo de 20 puntos porcentuales, por lo que en principio quedarían fijados en para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2020 de la siguiente manera:

  1. a) Del 54 por ciento respecto del primer millón de base de la deducción.
  2. b) Del 45 por ciento sobre el exceso de dicho importe.
  3. Incremento del Límite máximo de la deducción:

Hasta ahora: 3 millones de euros.

Para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2020: 10 millones de euros.

Hay que tener en cuenta que en las Islas Canarias el REF establece que para las deducciones el porcentaje será siempre superior en un 80 % al que para cada modificación de la deducción por inversiones se fije en el régimen general con un diferencial mínimo de 35 puntos porcentuales, por lo que en principio quedarían fijados en para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2020 de la siguiente manera: 18 millones de euros. (20 millones en La Palma, La Gomera y El Hierro donde se incrementa en un 100%).

  1. Con carácter general el importe de la deducción, conjuntamente con el resto de ayudas percibidas no puede superar el 50 por ciento del coste de producción. Hasta ahora se recogían 2 excepciones que ahora pasan a ser 10: a’’) El 85 por ciento para los cortometrajes.haya dirigido o codirigido más de dos largometrajes calificados para su explotaciónc’’) El 80 por ciento en el caso de las producciones rodadas íntegramente en alguna de las lenguas cooficiales distintas al castellano que se proyecten en España en dicho idioma cooficial o subtitulado.e’’) El 75 por ciento en el caso de producciones realizadas exclusivamente por directoras.g’’) El 75 por ciento en el caso de los documentales.i’’) El 60 por ciento en el caso de producciones transfronterizas financiadas por más de un Estado miembro de la Unión Europea y en las que participes productores de más de un Estado miembro.iberoamericanos.
  2. j’’) El 60 por ciento en el caso de coproducciones internacionales con países
  3. h’’) El 75 por ciento en el caso de las obras de animación cuyo presupuesto de producción no supere 2.500.000 de euros.
  4. f’’) El 75 por ciento en el caso de producciones con un especial valor cultural y artístico que necesiten un apoyo excepcional de financiación según los criterios que se establezcan mediante Orden Ministerial o en las correspondientes convocatorias de ayudas.
  5. d’’) El 80 por ciento en el caso de producciones dirigidas exclusivamente por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento reconocido por el órgano competente.
  6. comercial en salas de exhibición cinematográfica, cuyo presupuesto de producción no supere 1.500.000 de euros.
  7. b’’) El 80 por ciento para las producciones dirigidas por una persona que no
  8.  

2.- En relación con las inversiones en producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales reguladas en el artículo 36.2 de la LIS:

  1. Incremento de tipos de deducción:Hasta ahora: 20%
  2.  

Para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2020:

  1. a) Del 30 por ciento respecto del primer millón de base de la deducción.
  2. b) Del 25 por ciento sobre el exceso de dicho importe.

Hay que tener en cuenta que en las Islas Canarias, por el mismo motivo anteriormente mencionado, los porcentajes quedarían fijados para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2020 de la siguiente manera:

  1. a) Del 54 por ciento respecto del primer millón de base de la deducción.
  2. b) Del 45 por ciento sobre el exceso de dicho importe.
  3. Hasta ahora era necesario para aplicar esta deducción que los gastos mínimos realizados en territorio español fueran, al menos, de 1 millón de euros. Ahora se excepciona para los gastos de preproducción y postproducción destinados a animación y efectos visuales realizados en territorio español, el límite se establece en 200.000 euros.
  4. Incremento del Límite máximo de la deducción:

Hasta ahora: 3 millones de euros.

Para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2020: 10 millones de euros.

Hay que tener en cuenta que en las Islas Canarias, por el mismo motivo anteriormente mencionado, el límite quedaría fijado para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2020 de la siguiente manera: 18 millones de euros. (20 millones en La Palma, La Gomera y El Hierro donde se incrementa en un 100%).

  • Disposición final segunda. Modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.Ámbito temporal: Con efectos desde el 1 de enero de 2020 Medida: se incrementan los porcentajes de deducción de la escala prevista en el artículo 19 de la ley 49/2002 para los contribuyentes del IRPF en caso de donativos, donaciones y aportaciones con derecho a deducción, determinada según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 49/2002.

 

De la Disposición final tercera a la Disposición final quinta se modifican los periodos de duración de determinados programas que previamente habían sido considerados de acontecimientos de excepcional interés público.

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo

Valoración del Consejo General de Economistas
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo
Es un RD-Ley con un conjunto de medidas económicas y sociales que complementan a medidas anteriormente publicadas y tiene como objeto incrementar el apoyo y protección a trabajadores y empresas.
Se compone de un preámbulo, cinco capítulos, veintiséis artículos, quince Disposiciones Adicionales, cinco Disposiciones Transitorias, trece Disposiciones Finales y un anexo y entrará en vigor, mañana 23 de abril (al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado).
A continuación, destacamos las principales medidas de interés en los siguientes ámbitos:
Desde el Consejo General de Economistas de España seguimos teletrabajando para la prestación de servicios a nuestro colectivo. Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración que pudierais necesitar y os deseamos que vosotros y vuestros seres queridos os encontréis bien.
Consejo General de Economistas

 

INCIDENCIA CONTABLE Y FISCAL DE LOS COSTES OCASIONADOS POR LA CRISIS DEL COVID-19

Consultar la valoración

INTRODUCCIÓN

La Ley del Impuesto sobre Sociedades, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, en adelante LIS, establece que en el método de estimación directa la base imponible toma como punto de partida el resultado contable, que puede ser objeto de corrección con arreglo a las disposiciones de la Ley.

Plantearemos por ello, el tratamiento contable de los costes ciertos asociados a la crisis, analizando en paralelo si la ley tributaria limita parcial o totalmente su deducción fiscal.

Analizaremos también las consecuencias que tales costes pueden tener en el cálculo de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, próximo el primero de ellos el lunes 20 de abril salvo aplazamiento de plazo como se presume que así sea.

Los costes producidos por la crisis podrán dar lugar al reconocimiento contable de gastos por dotación de provisiones por insolvencias de clientes o para reestructuraciones, entre otros.

En general, según la Norma de Registro Valoración 15ª del vigente Plan General de Contabilidad, en adelante PGC, la empresa reconocerá como provisiones los pasivos que cumpliendo los requisitos de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual, correspondan a obligaciones que resulten indeterminadas en cuanto al importe o en cuanto a la fecha de vencimiento en que se cancelarán.

Y para los pasivos, el Marco Conceptual señala que “deben reconocerse en el balance cuando sea probable que, a su vencimiento y para liquidar la correspondiente obligación, deban entregarse o cederse recursos que incorporen beneficios económicos futuros, y siempre que se puedan valorar con fiabilidad”.

El tratamiento fiscal es más restrictivo que el contable.

Por tanto, nada impide al reconocimiento de una provisión a lo largo del ejercicio contable, por ejemplo a 31 de marzo, que pueda afectar al pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades. Ahora bien, al final del ejercicio se debe calcular el valor actual de la mejor estimación posible del escenario para cancelar o transferir a un tercero la correspondiente obligación, registrándose los ajustes que correspondan por la actualización de la provisión como un gasto financiero según se vayan devengando, salvo para provisiones con vencimiento hasta un año.

En general, desde la conveniencia financiero-fiscal, la contabilización de gastos no considerados fiscalmente deducibles tienen un efecto positivo de cara al cálculo alternativo del pago fraccionado según resultado contable En el caso de gastos que sean razonablemente deducibles, pero que también sería admisible que lo fueran en un ejercicio posterior, apurar la deducibilidad fiscal puede resultar finalmente contraproducente, si la base imponible de 2020 resulta negativa, por la limitación legal a la compensación de bases imponibles negativas.

LOS COSTES DE INSOLVENCIAS DE CLIENTES1.1 Tratamiento contable de las insolvencias de clientes

El Código de Comercio establece en su artículo 39.2 la obligación de practicar las correcciones valorativas que tengan en cuenta el deterioro, sea o no definitivo, de los elementos patrimoniales al cierre del ejercicio, con el fin de atribuir a estos activos el valor inferior de mercado que en su caso les corresponda.

En el Cuadro de Cuentas del PGC, entre las pérdidas por deterioro del activo recoge en la cuenta 694 las correcciones valorativas, realizadas al cierre del ejercicio, por deterioro de carácter reversible en los saldos de clientes y deudores.

La cuenta 695 “Dotación a la provisión por operaciones comerciales” recoge la dotación realizada por la empresa para el reconocimiento de obligaciones presentes derivadas de su tráfico comercial, siempre y cuando no encuentren reflejo en otras cuentas del grupo 6; en particular, se contabilizarán en esta cuenta las pérdidas asociadas a contratos onerosos, y los compromisos asumidos como consecuencia de la entrega de bienes o la prestación de servicios.

En el ámbito contable se admite el cálculo global del deterioro de los saldos de operaciones comerciales, en general por un 3 por 100 de su total, minorado en su caso en el importe recuperable de las garantías que se hubieran dotado a favor de la empresa. Se excluyen de la base de cálculo los saldos con las Administraciones públicas y aquellos para los que se hubiera realizado un análisis individualizado del deterioro de su valor.

1.2.1 Tratamiento de las insolvencias en el Impuesto sobre Sociedades

El artículo 13 de la LIS “correcciones de valor: pérdida por deterioro del valor de los elementos patrimoniales”, permite la deducibilidad de las pérdidas por deterioro de los créditos de los deudores, derivadas de las posibles insolvencias de éstos, cuando en el momento del devengo del Impuesto concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Que haya transcurrido el plazo de seis meses desde el vencimiento de la obligación.

Que el deudor esté declarado en situación de concurso.

Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.

Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

En todo caso, las moratorias de cobros establecidas legalmente no parecen permitir la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de las dotaciones por insolvencias que se doten contablemente. Parece posible hacer actualización financiera de los cobros aplazados legalmente o explícitos, aunque el aplazamiento sea inferior a un año, toda vez que no se corresponden con las condiciones comerciales habituales.

No serán deducibles las siguientes pérdidas por deterioro de créditos:

De créditos adeudados por entidades de derecho público, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía.

De créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya abierto la fase de liquidación en los términos de la Ley Concursal.

Los correspondientes a estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores.

A diferencia de lo señalado para el ámbito contable, en el ámbito tributario, sólo las PYMES, definidas a estos efectos como entidades con volumen de facturación anual inferior a 10 millones de euros, tienen la posibilidad de dotar pérdidas por deterioros de clientes por estimación global, y sólo por un uno por 100. También existen reglas especiales para entidades financieras, fondos de titulización hipotecaria y fondos de titulización de activos, que no comentaremos.

En las presentes circunstancias, los retrasos que comienzan a advertirse en los cobros de clientes sólo justificarían la dotación de la provisión si hubieran transcurrido más de seis meses desde el vencimiento de la obligación de pago. Si atendemos a la fecha de cierre del primer trimestre de 2020, el 31 de marzo, la dotación sólo procedería para vencimientos hasta 29 de septiembre de 2019 pendientes de cobro a la primera fecha citada.

Las restantes circunstancias que permiten la dotación del deterioro (concurso, alzamientos de bienes, reclamaciones judiciales) en general deberán haberse producido con anterioridad al vigente estado de alarma, dado que su tramitación judicial habrá quedado normalmente demorada por esa causa.

1.2.2. Tratamiento de las insolvencias en el Impuesto sobre el Valor Añadido

La Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante LIVA) establece en los apartados tres y cuatro del art. 80 la posibilidad de modificar la base imponible del IVA en el caso de impago de las operaciones, dándose ciertas condiciones.

Por un lado, la base imponible puede reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y exista un procedimiento concursal contra él, siendo el auto de declaración de concurso posterior al devengo del Impuesto. La modificación ha de realizarse dentro de los tres meses desde que se publique el auto de declaración de concurso.

Por otro lado, la LIVA permite la reducción proporcional de la base imponible cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables, considerándose como tales cuando el crédito reúna las siguientes condiciones:

Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. Si el titular es una PYME (por haber obtenido un volumen de operaciones en el año inmediato anterior de hasta 6.010.121,04 euros), el plazo es de seis meses o de un año, a su elección.

En las operaciones a plazo o con precio aplazado, el año, o en su caso, el plazo de seis meses, empieza a contar desde el vencimiento del plazo o plazos impagados, no desde el devengo del Impuesto repercutido. En estas operaciones a plazo, bastará instar el cobro de uno de los plazos para que el crédito se considere incobrable y la base imponible pueda reducirse en la proporción que corresponda al plazo o plazos impagados.

Hay reglas especiales para el régimen especial del criterio de caja.

Que tal circunstancia haya quedado reflejada en los Libros Registro exigidos para este impuesto.

Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o en otro caso, que la base imponible, IVA excluido, sea superior a 300 euros.

Que el sujeto pasivo haya instado el cobro de las deudas mediante reclamación judicial o requerimiento notarial, incluso cuando se trate de créditos afianzados por entes públicos. En las operaciones que tengan por destinatarios a estos, la reclamación judicial o el requerimiento notarial se sustituirá por una certificación expedida por el órgano competente.

El plazo para efectuar la modificación de la base imponible es de tres meses siguientes a la finalización del plazo de un año, o en su caso, de seis meses, desde el momento del devengo de la operación o del vencimiento del plazo o plazos impagados en el caso de operaciones a plazo. Una vez expedida la factura rectificativa del destinatario, el sujeto pasivo dispondrá de un mes para comunicar por vía telemática a la AEAT la modificación de la base imponible y enviar a factura rectificativa.

Por último, hay que tener en cuenta que no procederá la modificación de la base imponible cuando se trate de créditos con garantía real, afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca, o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte garantizada; créditos entre personas o entidades vinculadas; adeudados o afianzados por entes públicos; o cuyo deudor no esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto, ni en Canarias, Ceuta o Melilla.

LA PREVISIÓN DEL PRIMER PAGO FRACCIONADO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2020

Dentro de los primeros 20 días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre, los contribuyentes están obligados a efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación anual correspondiente al periodo impositivo que esté en curso el día 1 de cada uno de los meses indicados

Por tanto, en los primeros 20 días naturales del mes de abril de 2020, y a salvo de la ampliación del plazo por el gobierno central, los contribuyentes tendrán que afrontar el primer pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2020, cuya declaración anual se presentará, con carácter general, en el mes de julio de 2021

Al margen de lo anterior, merece un comentario el plazo de la declaración del Impuesto sobre Sociedades de periodo impositivo 2019, que no se ha modificado. Dada la fecha de cierre del ejercicio 2019 para la generalidad de las sociedades (31 de diciembre de 2019), el plazo finaliza el 25 de julio de 2020 –el plazo comprende los 25 días siguientes a los 6 meses posteriores al cierre del ejercicio-.

Pero como consecuencia de la crisis sanitaria, el Real Decreto-ley 8/2020 permite el retraso en la formulación de las cuentas (que puede producirse hasta tres meses después de la finalización del estado de alarma) y en su aprobación (hasta tres meses tras la finalización del plazo de formulación). Podría ocurrir entonces que la Junta General de la entidad aprobara las cuentas anuales una vez agotado el plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, lo que resultaría absurdo, porque la liquidación del Impuesto parte de unos estados contables que se presumen aprobados por la Junta.

Por tanto, resulta precisa la adaptación de la LIS a las nuevas circunstancias.

El primer pago fraccionado se efectuará en un contexto marcado por la irrupción del COVID-19 en el mes de marzo de 2020, que ha supuesto, entre otros efectos, la paralización de la actividad económica en nuestro país tras la declaración del estado de alarma.

A continuación, analizamos el impacto que podría tener este hecho excepcional en el primer pago fraccionado, a la espera de que el Gobierno tome alguna medida excepcional cual pudiera ser la ampliación del plazo de opción por el sistema de cálculo según base imponible del periodo de referencia, que pudiera servir para paliar el impacto económico en el tejido empresarial.

Modalidad de pago fraccionado aplicable con carácter general, regulada en el apartado 2 del artículo 40 LIS, en función de la cuota líquida de la última declaración.

En esta primera modalidad, el pago fraccionado se calcula aplicando el 18 por 100 sobre la cuota íntegra del último periodo impositivo cuyo plazo de declaración estuviese vencido el primer día de los 20 naturales de los meses de abril, octubre o diciembre, según el pago fraccionado de que se trate, minorada por las deducciones y bonificaciones y por las retenciones e ingresos a cuenta.

Si el resultado fuera cero o negativo, no existe obligación de presentar la declaración.

Si el último periodo impositivo tiene una duración inferior al año, se toma además la parte proporcional de la cuota de periodos impositivos anteriores, hasta completar un periodo de 12 meses.

Modalidad de pago fraccionado según base imponible, regulada en el apartado 3 del artículo 40 de la Ley del Impuesto.

Esta segunda modalidad de cálculo es opcional, salvo para aquellos contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios haya superado los seis millones de euros en los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo al que corresponda el pago fraccionado para los que resulta obligatoria.

Las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios no supere los seis millones de euros en esos 12 meses, que quieran optar por esta modalidad, deberán hacerlo mediante la declaración censal (modelo 036), durante el mes de febrero del año natural a partir del cual deba surtir efectos siempre y cuando el periodo impositivo a que se refiera la citada opción coincida con el año natural.

Sin embargo, en situaciones excepcionales, como la presente, cuando no ha sido hasta el mes de marzo de 2020 que se ha comenzado a manifestar la crisis, parecería razonable la ampliación de dicho plazo, incluyendo el mes de abril, para poder optar por esta segunda modalidad de pago fraccionado. De no adoptarse esta medida se estaría exigiendo a las pequeñas y medianas empresas un sobresfuerzo económico, ajeno a su verdadera capacidad económica en el momento actual.

Si el periodo impositivo no coincide con el año natural, la opción se ejercitará de igual manera (modelo 036), pero durante el plazo de dos meses a contar desde el inicio de dicho periodo impositivo o dentro del plazo comprendido entre el inicio de dicho periodo impositivo y la finalización del plazo para efectuar el primer pago fraccionado correspondiente al referido periodo impositivo cuando este último plazo fuera inferior a dos meses. La renuncia a dicha opción deberá hacerse en los mismos plazos comentados anteriormente y de la misma manera.

Con la norma vigente, la cuantía del pago fraccionado en esta modalidad equivale al resultado de aplicar a la base imponible del periodo de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural, el porcentaje que resulte de multiplicar por 5/7 el tipo de gravamen redondeado por defecto. En el caso de contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios en los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, sea de al menos 10 millones de euros, dicho porcentaje es el resultado de multiplicar por 19/20 el tipo de gravamen redondeado por exceso.

En el cálculo del pago fraccionado por base imponible del periodo, resultan aplicables las normas de determinación de la base contenidas en la LIS, sobre el correspondiente soporte contable, incluyendo lo que afecta a amortizaciones y periodificaciones.

El pago fraccionado mínimo.

El pago fraccionado mínimo se aplica únicamente a aquellos contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios en los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, sea al menos de 10 millones de euros. Con la norma actualmente vigente, la cantidad a ingresar no puede ser inferior al 23% (25% para entidades de crédito e hidrocarburos) del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural, según el pago fraccionado de que se trate, minorado exclusivamente en los pagos fraccionados realizados con anterioridad.

Por tanto, es muy importante considerar, de acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores que, para las empresas que deben tener en cuenta el mínimo calculado sobre resultado contable, un gasto contable, aun no siendo fiscalmente deducible, puede ayudar a reducir el importe del pago fraccionado. Ello ocurrirá si el pago sobre el resultado contable es mayor que el pago según base imponible. En tal caso, el registro contable del gasto disminuirá el importe del pago fraccionado, sea o no deducible de la base imponible dicho gasto.

Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias

Resumen del comunicado

El plazo de presentación e ingreso de declaraciones y autoliquidaciones tributarias que sean competencia de la Administración tributaria estatal, cuyo vencimiento se produzca entre el 15 de abril (fecha de entrada en vigor del RDL 14/2020) y el 20 de mayo, se extiende hasta esta última fecha, esto es, el 20 de mayo.

Esta medida sólo afecta a los obligados con volumen de operaciones –tal y como se define en la ley del IVA- que no hayan superado en el ejercicio 2019 los 600.000 euros.

Con independencia del volumen de operaciones, a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades que tributen por el régimen de consolidación fiscal no se les amplían los plazos. Tampoco se amplían a los sujetos pasivos del IVA que tributen en el régimen de grupos.

El plazo de domiciliación se amplía hasta el 15 de mayo. Con respecto a las declaraciones ya presentadas, el cargo en la cuenta del contribuyente se realizará de manera automática el 20 de mayo en lugar del 20 de abril.

Dado que el plazo voluntario de estas autoliquidaciones está comprendido entre el 13 de marzo y el 30 de mayo, según el artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020, si resultaran a ingresar, se podrá solicitar el aplazamiento sin garantías a seis meses, sin intereses los tres primeros y con un máximo de 30.000 euros.

Es recomendable a los empresarios en estimación objetiva y a las entidades cuyo volumen de operaciones no supere los 600.000 euros en el año anterior, que atiendan a los acuerdos del próximo Consejo de Ministros antes de presentar las autoliquidaciones por si se concretan las medidas anunciadas y aún no concretadas en el sentido de que los empresarios en estimación objetiva puedan determinar, de manera transitoria, los pagos fraccionados por estimación directa y respecto del Impuesto sobre Sociedades, que las entidades que hayan optado por el sistema de cálculo de pago fraccionado en función de la cuota de la última autoliquidación, pueda modificar dicha opción y calcularlo por el porcentaje sobre base imponible.

Decreto 12/2020, de 8 de abril, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del Principado de Asturias, cuyas actividades queden suspendidas en virtud de lo previsto en el real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Decreto 11/2020, de 8 de abril, por el que se regulan aplazamientos y fraccionamientos excepcionales de deudas tributarias para paliar el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre trabajadores autónomos, pymes y microempresas.

Comunicados CGE del Consejo General de Economistas

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

Resumen de la medida

El Gobierno ha aprobado un nuevo conjunto de medidas de carácter social dirigidas al apoyo a trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables y a la puesta en marcha de un conjunto de medidas de diversa naturaleza con impacto directo en el refuerzo de la actividad económica, así como actuaciones encaminadas a apoyar a empresas y autónomos.

Todas las medidas adoptadas, se han incorporado en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, publicado en el B.O.E. de 1 de abril.

Hemos preparado una exposición de los aspectos laborales y de Seguridad Social que consideramos más relevantes, analizando, más adelante, en profundidad el contenido íntegro del nuevo Real Decreto-ley.

Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social

Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a otorgar moratorias de seis meses, sin intereses, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán mediante Orden Ministerial.

La moratoria afectará al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020.

Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, en el caso de empresas, a través del Sistema RED y en el caso de los trabajadores por cuenta propia a través del citado Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS).

Estas solicitudes de moratoria deberán efectuarse durante el transcurso de los diez primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso de los correspondientes períodos de devengo. La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los tres meses siguientes al de la solicitud. No obstante, se considerará realizada dicha comunicación con la efectiva aplicación de la moratoria por parte de la TGSS en las liquidaciones de cuotas que se practiquen a partir del momento en que se presente la solicitud.

Esta moratoria no será de aplicación a las empresas que hayan obtenido exenciones en el pago de las cotizaciones sociales por aplicación de un ERTE por causa de Fuerza Mayor, acogido al Real Decreto Ley 8/2020.

Las solicitudes presentadas por las empresas o por los trabajadores por cuenta propia, que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes. Se entiende como tal, comunicar a la TGSS en la solicitud de inscripción como empresa, o en el alta del trabajador en el correspondiente Régimen Especial, o en variación de datos posterior a la inscripción, o al alta, una actividad económica falsa o incorrecta, así como aquellos otros datos que determinen la existencia de las condiciones y requisitos a los que se refiere el apartado primero.

 Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social

Las empresas y los trabajadores por cuenta propia o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020.

Se aplicará un interés del 0,5% en lugar de que se aplica habitualmente.

Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los 10 primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso.

Subsidio extraordinario para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.

Tendrán derecho al subsidio extraordinario por falta de actividad las personas que, estando de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, antes de la declaración del estado de alarma, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, en uno o varios domicilios y con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.
Se haya extinguido su contrato de trabajo por despido o por desistimiento del empleador o empleadora.

La acreditación de tal situación deberá efectuarse por medio de una declaración responsable, firmada por la persona empleadora o personas empleadoras, respecto de las cuales se haya producido la disminución total o parcial de servicios. En el supuesto de extinción del contrato de trabajo, este podrá acreditarse por medio de carta de despido, comunicación del desistimiento de la empleadora o empleador, o documentación acreditativa de la baja en la Seguridad Social.

El importe del subsidio será equivalente al 70% de la base de cotización del empleado de hogar correspondiente al mes anterior al hecho causante y no podrá ser superior al Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. En el caso de pérdida parcial de la actividad, la cuantía del subsidio indicada se percibirá en proporción directa al porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora.

Este subsidio se percibirá por periodos mensuales, desde la fecha identificada en la declaración responsable cuando el hecho causante consista en la reducción de la actividad, o la fecha de baja en la Seguridad Social, en el caso del fin de la relación laboral.

Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal

Podrán percibir un subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal las personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada de, al menos, dos meses de duración, con posterioridad al inicio del estado de alarma.

Este subsidio será reconocido a las personas afectadas por la extinción de un contrato de duración determinada, incluidos los contratos de interinidad, formativos y de relevo, que no cuenten con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio si carecieran de rentas. La duración de este subsidio excepcional será de un mes, ampliable si así se determina por Real Decreto-ley.

Este subsidio consistirá en una ayuda mensual del 80% del IPREM mensual vigente y será incompatible con la percepción de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.

FINALIZACIÓN DE CONTRATOS TEMPORALES en los sectores de las artes escénicas, musicales y del cinematográfico y audiovisual

Con respecto a la cláusula de salvaguarda del empleo establecida en el Real Decreto-ley 8/2020, en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo en estos sectores no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

Incapacidad temporal en los casos de confinamiento total

Con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento se extenderá esta protección a aquellos trabajadores obligados a desplazarse de localidad y tengan obligación de prestar los servicios esenciales detallados en el Real Decreto-ley 10/2020.

Se aplicará siempre que se haya acordado el confinamiento de la población donde tenga su domicilio y le haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, no pueda realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa para la que prestas sus servicios o al propio trabajador y no tenga derecho a percibir ninguna otra prestación pública.

La acreditación del acuerdo de confinamiento de la población donde tiene el domicilio y la denegación de la posibilidad de desplazamiento se realizará mediante certificación expedida por el ayuntamiento del domicilio ante el correspondiente órgano del servicio público de salud.
De igual forma, la imposibilidad de realización del trabajo de forma telemática se acreditará mediante una certificación de la empresa o una declaración responsable en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del servicio público de salud.

 Compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y prestación por desempleo o cese de actividad durante la permanencia del estado de alarma

Durante la permanencia del estado de alarma, el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, que vinieran percibiendo los trabajadores por cuenta ajena a 14 de marzo de 2020, no se verá afectado por la suspensión del contrato y reducción de jornada por ERTES regulados por el Real Decreto-ley 8/2020.

En estos casos, el expediente de regulación temporal de empleo que tramite el empresario ya sea por suspensión de contratos o reducción temporal de la jornada de trabajo, solo afectara al trabajador beneficiario de este subsidio en la parte de la jornada no afectada por el cuidado del menor.

APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE SALVAGUARDA DEL EMPLEO EN EMPRESAS de los sectores de las artes escénicas, musicales y del cinematográfico y audiovisual

El compromiso del mantenimiento del empleo establecido en el Real Decreto-ley 8/2020, se valorará en función de las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo o una relación directa con eventos o espectáculos concretos, como sucede, entre otros, en el ámbito de las artes escénicas, musicales, cinematográfico y audiovisual.

En el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando se extingan por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación. En todo caso, las medidas previstas en los artículos 22 a 28 del Real Decreto-ley 8/2020 resultarán de aplicación a todas las personas trabajadoras.

Habilitación a los autorizados del Sistema RED

Los autorizados para actuar a través del Sistema RED estarán habilitados para efectuar por medios electrónicos las solicitudes y demás trámites correspondientes a los aplazamientos en el pago de deudas, las moratorias en el pago de cotizaciones y las devoluciones de ingresos indebidos con la Seguridad Social correspondientes a los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar en cuyo nombre actúen.

La habilitación a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse a otras actuaciones que se determinen mediante resolución del Director General de la SS.

ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA DEL REAL DECRETO-LEY 11/2020

La norma analizada entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 2 de abril de 2020.

Con carácter general, las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No obstante, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.

Medidas tributarias complementarias

En El BOE del día 1 de abril de 2020 se ha publicado el Real Decreto-ley 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Resumimos a continuación las principales modificaciones que se establecen en el ámbito tributario y que se contemplan en los artículos 52 y 53 y en las disposiciones adicionales octava, novena y vigésima.

APLAZAMIENTO DE DEUDAS DERIVADAS DE DECLARACIONES ADUANERAS
Se extiende a las deudas derivadas de declaraciones aduaneras la flexibilización de aplazamiento sin garantía que el Real Decreto-ley 7/2020 estableció para algunas liquidaciones tributarias, si bien, en este caso de declaraciones aduaneras, para las presentadas desde el 2 de abril hasta el 30 de mayo (recordemos que en las autoliquidaciones tributarias el plazo es efectivo para las presentadas entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020).

Se especifica que el aplazamiento no se aplica a las cuotas del IVA que se incluyan en la autoliquidación por la declaración de Aduanas.

Al igual que para las deudas tributarias, el aplazamiento sólo se aplica cuando el destinatario de la mercancía tenga un volumen de operaciones que no haya superado en 2019 los 6.010.121,04 euros y que el importe a aplazar supere los 100 euros.

La solicitud de aplazamiento se ha de formular en la propia declaración aduanera y los requisitos y condiciones para la concesión del aplazamiento sin garantías son idénticos a los contemplados para las deudas tributarias: un importe máximo de 30.000 euros, un plazo máximo de seis meses y devengo de intereses a partir de los primeros tres meses.

SUSPENSIÓN DE PLAZOS TRIBUTARIOS EN COMUNIDADES AUTÓNOMAS (CCAA) Y ENTIDADES LOCALES (EELL)
La ampliación de los plazos de pago de deudas en periodo voluntario y en apremio, el vencimiento de los plazos de aplazamientos concedidos, los plazos para atender requerimientos o para presentar alegaciones en procedimientos de aplicación de tributos, sancionadores y otros que no hayan concluido el 18 de marzo, o comunicados a partir de dicha fecha se aclara que también en el ámbito de CCAA y EELL, se extienden hasta el 30 de abril y hasta el 20 de mayo, respectivamente (conforme a lo previsto en el anterior Real Decreto-ley 8/2020).

Además, se extiende al ámbito de las CCAA y EELL el que el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de abril no se compute en cuanto al plazo máximo de duración de los procedimientos ni para el cómputo de plazos de prescripción o de caducidad. A este respecto, debe hacerse hincapié que alguna Comunidad ya había establecido una medida similar en su ámbito.

AMPLIACIÓN DE PLAZOS PARA RECURRIR
En la DA Octava se dispone que, en general, respecto al plazo para recurrir, impugnar o reclamar en vía administrativa, en cualquier procedimiento que pueda tener efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará desde el 13 de abril (si no se amplía el estado de alarma), cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa antes del 14 de marzo.

Concretando en el ámbito tributario, el plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico-administrativas, empezará a contarse desde el 30 de abril y este criterio se aplica tanto cuando el plazo de un mes se hubiera iniciado, y no finalizado, antes del día 14, como cuando no se hubiera notificado aún a esa fecha el acto contra el que se vaya a recurrir o reclamar.

Este criterio se aplica tanto en el ámbito de las CCAA como de las EELL.

DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS Y ACTOS
En la DA Novena, con aplicación para los procedimientos tramitados por la AEAT, CCAA y EELL, se establece que para la duración máxima del plazo para la ejecución de las resoluciones económico-administrativas, no se computa el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de abril.

Quedan suspendidos los plazos tributarios de prescripción y de caducidad desde el 14 de marzo al 30 de abril.

DISPONIBILIDAD DE LOS PLANES DE PENSIONES EN CASO DE DESEMPLEO O CESE DE ACTIVIDAD DERIVADOS DE LA CRISIS SANITARIA
Desde el 14 de marzo al 14 de septiembre, los partícipes de planes de pensiones (aplicable también a planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades) podrán hacer efectivos los derechos consolidados en determinados supuestos:

Desempleo por ERTE derivado de COVID-19.
Empresario que haya tenido que suspender su actividad por imperativo del art. 10 de Real Decreto 463/2020.
Trabajadores por cuenta propia que hayan cesado su actividad por la crisis sanitaria.

Se establecen unos límites cuantitativos máximos a la disposición que deberán ser acreditados por los partícipes o asegurados.

Estas prestaciones tributarán en su integridad como rendimientos del trabajo en el IRPF.

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.

REAL DECRETO LEY 10/2020, DE 29 DE MARZO DE 2020, POR EL QUE SE REGULA UN PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LOS SERVICIOS NO ESENCIALES

Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas
actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del
COVID-19.

COMUNICADO DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS EN RELACIÓN CON LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE MINISTROS DEL DÍA 24 DE MARZO

Leer el comunicado

Tras el Consejo de Ministros celebrado hoy, los economistas muestran su gran desilusión por la poca contundencia de las medidas económicas que se anuncian, especialmente por no atender a la razonable petición de ampliar los plazos de las autoliquidaciones tributarias y de las declaraciones informativas.

Según elpresidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, “los acuerdos del Consejo de Ministros pueden interpretarse como una falta de sensibilidad del Ejecutivo con empresas y profesionales, a quienes parece querer negar herramientas de fácil implementación y bajo coste que podrían ser de gran ayuda para garantizar su supervivencia, facilitándoles liquidez con algo tan sencillo como ampliar los plazos de las autoliquidaciones tributarias y de los pagos de las cuotas de la Seguridad Social; lo que sería especialmente importante para aquellos que, a duras penas, están intentado mantener la actividad –máxime con la extensión del estado de alarma 15 días más–, y a los que podría parecerque están dejando en una situación de desamparo”.

1.- Desde el Consejo General de Economistas somos conscientes –así lo hemos venido demostrando desde que se inició esta crisis– de que lo prioritario es, y sigue siendo, todo lo relacionado con la salud de nuestros ciudadanos, de los que han enfermado y de los que podemos hacerlo.

2.- No obstante, desde el Consejo General de Economistas, corporación en la que se encuadran profesionales que están muy cerca de la empresa en el asesoramiento financiero, mercantil, laboral, concursal o fiscal, comprobamos estos días la preocupación y el pesimismo que estos nos transmiten, no solo por ellos sino, sobre todo, por los problemas que se agolpan alrededor de ese tejido empresarial. En unos casos, se ha producido el cierre de sus negocios, en otros es difícil o imposible cobrar las facturas y realizar ventas, y todos advierten un futuro dificilísimo, incluso después de que la pesadilla del Covid-19 cese.

3.- Por eso, aun reconociendo algunas medidas de alivio (como la flexibilización de ERTEs, las relacionadas con las cuotas de autónomos, las facilidades para aplazar autoliquidaciones tributarias de las pymes que resulten a ingresar o la ampliación de determinados plazos tributarios), ha sido un clamor –del que desde el Consejo General de Economistas hemos sido partícipes, actuando, a su vez, como portavoces y altavoces de esta justademanda–la petición de que se ampliaran los plazos de las autoliquidaciones tributarias y de las declaraciones informativas, que se agilizaran los aplazamientos de deudas tributarias también para otras empresas que no sean pymes –aunque hubiera que analizarlos caso a caso– y que se modificaran los plazos del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto sobre Sociedades, en el primer caso por comenzar el plazo de declaración en medio de esta vorágine y, en el segundo, por el desplazamiento que se ha producido en los plazos mercantiles.

4.- Así mismo, conobjeto deatenderdebidamente también a aquellas empresas que, pese a verse afectadas por los efectos del coronavirus, siguen manteniendo un razonable nivel de actividad y el empleo de sus trabajadores, hemos solicitado en numerosas ocasiones que se les exonere temporalmente del abono de la aportación empresarial a la Seguridad Social, ya que, de no hacerse así, se estarían dando mayores ventajas al cese de actividad y la suspensión de los contratos de trabajo frente a aquellas empresas que, por tipología, pueden seguir prestando sus servicios.

5.- A este respecto, desde el Consejo General de Economistas nos permitimos recordar unas recientes declaraciones de su presidente, Valentín Pich, quien afirmaba que en nuestro país existen muchas empresas que, aunque continúan en funcionamiento, lo están haciendo a un menor nivel y que, además, cuentan con fondos de maniobra muy limitados, por lo que también deberían recibir apoyos por parte del Gobierno, como, por ejemplo, aplazando el pago del próximo 30 de marzo del IVA y de las cuotas a la Seguridad Social, así como los pagos fraccionados de Sociedades, las retenciones del IRPF y el IVA, que habrán de hacerse en abril.

6.- Dicho esto, según palabras del presidente del Consejo General de economistas, Valentín Pich, “la comparecencia de hoy de la ministra portavoz, que, a su vez, lo es del Ministerio de Hacienda, ha sido para nosotros un `jarro de agua fría´ y parece indicar falta de sensibilidad del Ministerio con empresas y profesionales, a quienes parece querer negar herramientas de fácil implementación y bajo coste que podrían ser de gran ayuda para garantizar su supervivencia facilitándoles algo de liquidez con una sencilla ampliación de plazos de las autoliquidaciones tributarias; lo que sería especialmente importante para aquellos que, a duras penas, están intentado mantener la actividad –máxime con la extensión del estado de alarma 15 días más–, y a los que parecen estar dejando en una situación de desamparo”.

7.- No obstante, una vez se publiquen en el BOE las nuevas medidas, los Servicios de Estudios del Consejo General de Economistas analizarán con detalle el alcance global de las mismas, sus ventajas y, en su caso, sus omisiones, así como si van, o no, bien enfocadas para fomentar la actividad económica, facilitar el trabajo de los profesionales, y mantener el ciclo financiero de familias y empresas.

8.- Desde el Consejo General de Economistas aseguramos que seguiremos intentando que nuestras justas y ponderadas peticiones sean oídas y atendidas, sin ponernos nerviosos, sin sobreactuar, pero con firmeza, hasta conseguir lo que estamos seguros que es mejor para la sociedad y para la economía española.

9.- Obviamente, estaremos también pendientes de las medidas que vayan tomando las instituciones europeas, que, sin duda, serán decisivas en las próximas actuaciones del Gobierno de España.

El Consejo General de Economistas de España coordina y representa en los ámbitos nacional e internacional a todos los Colegios de Economistas y de Titulares Mercantiles de España, y ordena y defiende el ejercicio profesional de sus colegiados. En la actualidad hay 55.000 colegiados entre los 47 Colegios existentes.

Para más información:Consejo General de Economistas. Prensa:Fernando Yraola (tfno. 696 12 77 15); yraola@yraola.com

DECRETO 9/2020, de 23 de marzo, por el que se suspenden los términos y se interrumpen los plazos en los procedimientos tributarios gestionados por el Principado de Asturias durante el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

RESPUESTAS SOBRE CONSULTAS DEL ESTADO DE ALARMA

​CERTIFICADOS ELECTRONICOS DE PROXIMA CADUCIDAD

Resumen de la medida

En relación con aquellos contribuyentes cuyo certificado electrónico esté caducado o próximo a caducar, la AEAT permite el uso de los certificados caducados en su SEDE de acuerdo con lo previsto en Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Si el navegador habitual no permite, se recomienda su traslado al “FireFox” desde donde se podrá seguir usando.

 En caso de dudas en cuestiones técnicas informáticas se puede llamar a los siguientes teléfonos:

Teléfonos: 901 200 347 / 917 575 777.

INFORMACION SOBRE MEDIDAS LABORALES URGENTES Y EXTRAORDINARIAS

Resumen de la medida

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

Con el objetivo de ejecutar las medidas de contención previstas para detener la propagación del virus y garantizar, a su vez, la continuidad de la actividad empresarial y las relaciones laborales, se priorizarán los sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiéndose facilitar las medidas oportunas para hacerlo posible.

Se establecen medidas para favorecer la conciliación laboral, mediante el derecho de los trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado a personas dependientes por las circunstancias excepcionales relacionadas con la prevención de la extensión del COVID-19 a acceder a la adaptación o reducción de su jornada, con la consiguiente disminución proporcional del salario.

Para los trabajadores autónomos, se crea una prestación extraordinaria por cese de actividad, que cubre la finalización de la actividad provocada por una situación en todo caso involuntaria.

 Se establecen medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad (ERTEs) para evitar despidos. Para ello se especifica que las pérdidas de actividad consecuencia del COVID-19 tendrán la consideración de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada y se agiliza la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo, tanto por fuerza mayor, como por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

CARÁCTER PREFERENTE DEL TRABAJO A DISTANCIA

Promoción del trabajo a distancia, con carácter prioritario frente a la cesación temporal o reducción de la actividad. En estas situaciones, para el cumplimiento de la evaluación de riesgos laborales, basta la autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.

En este caso es la empresa la que tiene que adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado.

 Adaptación del horario y reducción de jornada

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma cuando se cumplan las circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.

 Se cumplen dichas circunstancias excepcionales cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el COVID-19 que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona necesitada de los mismos.

El derecho a la adaptación de jornada es un derecho individual de la persona trabajadora. Los supuestos de reducción de jornada implicarán la correspondiente reducción salarial. Esta reducción deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, y podrá alcanzar el 100% si resultara necesario.

Prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos

Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de la declaración del estado de alarma por el COVID-19 podrán solicitar una prestación extraordinaria por cese de actividad cuando se cumplan las siguientes condiciones:

  • Actividad suspendida a consecuencia del Decreto de Alarma
  • Facturación del mes anterior al que se solicita la prestación se haya visto reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
  • Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma en el régimen correspondiente.
  • Estar al corriente de pago. No obstante, si en la fecha de suspensión no lo estuviesen el órgano gestor invitará al pago de la deuda en un plazo improrrogable de 30 días.
  • La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.

 La cuantía de la prestación será equivalente al 70% del promedio de sus bases de cotización de los últimos 12 meses. En caso de no acreditar este período de cotización, el 70% se aplicará sobre la base mínima de cotización.

Esta prestación tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS Y REDUCCIÓN DE JORNADA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria que queden debidamente acreditados serán calificadas de situaciones por fuerza mayor.

El procedimiento se iniciará mediante la solicitud de la empresa, acompañando un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.

La existencia de fuerza mayor deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas. La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de 5 días desde la solicitud, previo informe (potestativo para la autoridad laboral), de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (que debe evacuarse en el plazo improrrogable de cinco días).

Constatada la existencia de fuerza mayor, corresponde a la empresa decidir sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19, se exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

Para los trabajadores este período tiene la consideración como efectivamente cotizado a todos los efectos.

 La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada. A efectos del control de la exoneración de cuotas será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate.

PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS Y REDUCCIÓN DE JORNADA POR CAUSA ECONÓMICA, TÉCNICA, ORGANIZATIVA Y DE PRODUCCIÓN

Respecto al régimen ya vigente se establecen las siguientes particularidades:

  1. Período de consultas: En caso de no existir Representación Legal de los Trabajadores (RLT), la comisión representativa para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa. La comisión representativa deberá estar constituida en el plazo improrrogable de 5 días.
  2. El periodo de consultas no debe exceder del plazo máximo de 7 días.
  3. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de siete días.

 Desempleo en los supuestos de suspensión y reducción de jornada

 Se aprueba el reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.

 El tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, no computará a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

 Se tiene derecho a esta prestación tanto si en el momento de la adopción de la decisión empresarial tuvieran suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo como si se carece del período mínimo de ocupación cotizada para causar derecho a prestación contributiva, o no hubiesen percibido prestación por desempleo precedente.

En todo caso, se reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva por desempleo, con las siguientes especialidades respecto a la cuantía y duración: 

  1. La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias que han originado directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.
  2. La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de las que trae causa.

 Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos y por aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo.

Para determinar el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se estará al efectivamente trabajado por el trabajador durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará a los periodos de actividad de otros trabajadores comparables en la empresa. Esta medida se aplicará al mismo derecho consumido, y se reconocerá de oficio por la Entidad Gestora cuando el interesado solicite su reanudación.

 La presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo realizada fuera de los plazos establecidos legalmente no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente.

Salvaguarda del empleo

Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente Real Decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

PRINCIPADO DE ASTURIAS . 

Suspensión de plazos administrativos y cierre de oficinas

Resumen de la medida

Las Oficinas del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias estarán TEMPORALMENTE CERRADAS PARA LA ATENCIÓN PRESENCIAL debido al estado de alarma declarado mediante Real Decreto 463/2020, cuya Disposición Adicional Tercera establece la SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS.

No se preocupe si tiene algún trámite pendiente.

El Ente Público es consciente de esta situación.

La suspensión de los plazos supone la prórroga por idéntico periodo de aquellos que tuvieran vencimiento (aplicable, por ejemplo, al periodo de pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Tasas de Agua Basura y Alcantarillado, etc).

Si tiene cita pendiente, podrá obtener más adelante una nueva cita.

Para cualquier información adicional puede acceder a www.tributasenasturias.es

También puede llamar al teléfono 985 668 700.

​REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19

Resumen de la medida

El pasado día 14 se publicó el Real Decreto 463/2020 que declara el estado de alarma el cual recoge una serie de medidas extraordinarias para mitigar el impacto sanitario, social y económico de la crisis que nos ocupa, que estará en vigor hasta el día 29 de marzo. No obstante, podrá prorrogarse con acuerdo expreso del Congreso de los Diputados.

 

El Consejo de Ministros celebrado el martes 17 de marzo ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

Asimismo, se ha aprobado el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Este RD ley está en vigor desde el 18 de marzo, y las medidas previstas en el presente real decreto ley mantendrán su vigencia durante el plazo de un mes desde su entrada en vigor, sin perjuicio de que, previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante Real Decreto-ley. No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este Real Decreto-ley que tienen plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.

 

A continuación repasamos algunas de las novedades en relación con las medidas adoptadas por el Gobierno:

 

ASPECTOS FISCALES

Como advertencia previa, tenemos que saber que la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que hace referencia el apartado 1 de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 publicado el pasado día 14 no se aplica a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias, según lo dispuesto en el en su Artículo único.Cuatro.6, del Real Decreto 465/2020.

 

Sí que tiene plena validez lo comentado en nuestra anterior adenda respecto de los aplazamientos de ingresos de autoliquidaciones en período voluntario, para Pymes, que se estableció en el Real Decreto-ley 7/2020

 

En conclusión, no se modifican los plazos para presentar y, en su caso, pagar las próximas autoliquidaciones –como las del IVA de febrero para acogidos al SII, del 30 de marzo, o las del primer trimestre, cuyo plazo finaliza el 20 de abril-, ni para presentar declaraciones informativas –como la del modelo 720, que finaliza el 31 de marzo-.

 

Pasamos a analizar las medidas tributarias y mercantiles que se contemplan en el Real Decreto-ley 8/2020

 

MEDIDAS TRIBUTARIAS DEL REAL DECRETO-LEY 8/2020

Las medidas tributarias del Real Decreto ley 8/2020 son las siguientes:

Plazos de pago de deudas liquidadas por la Administración y de pago de deudas tributarias en apremio

  • Estos plazos, que comienzan a computarse desde la fecha de la notificación, y que finalizan dependiendo de que aquella se haya realizado en la primera o segunda quincena del mes, si no han concluido el 18 de marzo, se amplían hasta el próximo 30 de abril.
  • Cuando estos plazos se comuniquen a partir del 18 de marzo, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

Vencimiento de plazos de los acuerdos de aplazamientos y fraccionamientos concedidos

  • Igualmente, se amplían hasta el próximo 30 de abril cuando no hayan vencido el 18 de marzo.
  • Cuando estos plazos se comuniquen a partir del 18 de marzo, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

Vencimiento de plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes

  • Si no se han cumplido el día 18 de marzo, se amplían hasta el próximo 30 de abril.
  • Cuando estos plazos se comuniquen a partir del 18 de marzo, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

Plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación

  • Si no han concluido el 18 de marzo, se amplían hasta el próximo 30 de abril
  • Cuando estos plazos se comuniquen a partir del 18 de marzo, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
  • Sin embargo, existe la posibilidad de atender el trámite en el plazo habitual, en cuyo caso se considerará evacuado.
  • Si el plazo para formular alegaciones a una propuesta de liquidación termina el 20 de marzo, las alegaciones se podrán presentar hasta el 30 de abril.
  • Si se notifica la propuesta de liquidación el 20 de marzo, y se dan 15 días para formular alegaciones, el plazo para presentarlas finaliza el 20 de mayo.

 

Ejecución de garantías en el procedimiento de apremio

  • No se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde el 18 de marzo, hasta el día 30 de abril de 2020.
  • Efectos de la flexibilización de los anteriores plazos en la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de revisión tramitados por la AEAT, en los plazos de prescripción y en los de caducidad
  • El período comprendido desde el 18 de marzo hasta el 30 de abril de 2020 no computará.
  • Con esta medida, se blinda a la AEAT en ese período, en el que su inactividad no tendrá efectos, aunque puede continuar realizando trámites.
  • Por otra parte, entendemos que, esta medida igualmente afecta al contribuyente, que tendrá que tener en cuenta que durante ese tiempo, por ejemplo, no corre el plazo de prescripción para solicitar una rectificación de autoliquidación o la devolución por ingresos indebidos.

 

Notificaciones y prescripción en procedimientos de reposición y económico-administrativos

  • Se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 18 de marzo y el 30 de abril de 2020.

 

Plazos para interponer recursos y reclamaciones económico-administrativas

  • Estos plazos no empezarán a contar, cuando se produzcan a partir del 18 de marzo, hasta el 30 de abril.
  • Sin embargo, no parece recogida una ampliación del plazo para recurrir o reclamar si el mismo ha empezado a correr antes del 18 de marzo, aunque, con la redacción que contiene la norma, podría interpretarse que también en este caso se inicia el 30 de abril, aunque en realidad se hubiera producido la notificación con anterioridad y ya se hubiera iniciado.
  • Así, por ejemplo, si se notifica al contribuyente la desestimación de un recurso de reposición el 20 de marzo, entendemos que el mes para reclamar al Tribunal Económico-Administrativo, no comienza a contarse hasta el 30 de abril.

 

Plazos Catastro

  • Se amplían los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación a 18 de marzo.

 

  • Cuando el Catastro comunique actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia a partir del 18 de marzo, el plazo para ser atendidos finalizará el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso este resultará de aplicación.

 

  • También en este caso, el período comprendido desde el 18 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos iniciados de oficio, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.

 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

  • Para amparar las medidas en materia hipotecaria, se modifica el texto refundido de la Ley de este impuesto estableciendo la exención de las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan por esta norma, respecto de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados

 

MEDIDAS EN EL ÁMBITO MERCANTIL DEL REAL DECRETO-LEY 8/2020

 

Modificación de las condiciones de celebración de los órganos de administración

  • Aunque no lo prevean los estatutos, los órganos de gobierno y administración así como del resto de comisiones delegadas y obligatorias podrán llevarse a cabo por videoconferencia, esta se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica. Así también, los acuerdos se podrán llevar a término mediante votación por escrito sin sesión siempre que lo decida el presidente u cuando lo soliciten dos miembros del órgano. Así mismo, en el caso de que se haya convocado junta general con anterioridad a la declaración del estado de alarma y sea su celebración posterior, el órgano de administración podrá revocar la convocatoria o bien cambiar la fecha.

 

Modificación de los plazos de formulación, aprobación y depósito de cuentas anuales

  • El plazo para la formulación de las cuentas anales, ordinarias y abreviadas, individuales o consolidadas así como el resto de informes que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades, queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. De este modo, también se retrasará tanto el plazo de aprobación de las cuentas anuales -art 253 de la LSC-así como su propio depósito –art. 279 de la LSC-.

 

Suspensión de los plazos estatutarios derivados de una causa legal de disolución

  • Aquellas empresas, en las cuales concurran una situación de causa legal o estatutaria de disolución durante el periodo de alarma, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma, asimismo, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.

 

Derecho de separación del socio

  • Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden.

 Respuestas de la Agencia Tributaria a preguntas generales

 Guía de bolsillo estado de alarma

No se interrumpen los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias

Nuevas instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos de acuerdo con las reglas de facilitación de liquidez para pymes y autónomos contemplada en el Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

El Gobierno moviliza 200.000 millones de euros para apoyar a trabajadores, familias y empresarios

​Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones del Principado de Asturias.

​APLAZAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS PREVISTO EN EL REAL DECRETO-LEY 7/2020, DE MEDIDAS URGENTES A RAÍZ DEL COVID-19

Resumen de la medida

1.INTRODUCCIÓN

El BOE del día 13 de marzo, contiene el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 (en delante, RDL7/2020). Son sabidas las importantes consecuencias negativas para las empresas provocadas por la expansión del COVID-19. Por ello, el RDL 7/2020 introduce, entre otras, medidas de refuerzo del sistema de salud pública, de apoyo al sector turístico y de financiación de las pequeñas y medianas empresas y autónomos. Entre esas medidas, las llamadas “de apoyo financiero transitorio” se refieren a pequeñas y medianas empresas, para las que se propone una flexibilización en materia de aplazamientos tributarios, concediéndose “durante seis meses esta facilidad de pago de impuestos a PYMES y autónomos, previa solicitud, en unos términos equivalentes a una carencia de tres meses”. Se trata de evitarles posibles tensiones de tesorería, dice la exposición de motivos del RDL7/2020.

 

2.APLAZAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS PARA PYMES.

El artículo 14del RDL 7/2020 (“Aplazamiento de deudas tributarias”) prevé facilidades para el aplazamiento de deudas tributarias en los términos que se comentan a continuación.

La medida está dirigida únicamente a personas físicas o entidades con volumen de operaciones de hasta 6.010.121,04 euros en el año 2019. Por tanto, se excluyen las grandes empresas. No se hace precisión alguna de elevación de las cifras al año, cuando en 2019 el período efectivo de actividad haya sido inferior por inicio del negocio en el propio año 2019.

Concretamente, se prevé, en el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, que se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del RDL 7/2020 y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, previa solicitud expresa del contribuyente. La entrada en vigor del Real Decreto-ley se ha producido día 13 de marzo de 2020.

Recordemos que entre esas dos fechas vencen plazos de presentación de declaraciones tributarias relevantes, como las de IVA, retenciones e ingresos a cuenta, o del primer pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, finalizando esos plazos el 20 de abril próximo.

Con carácter excepcional, la medida alcanza asimismo a ciertas deudas tributarias normalmente inaplazables, concretamente las de retenciones e ingresos a cuenta, de tributos repercutidos (como el IVA o el IGIC canario) y de pagos fraccionados.

La medida alcanza sólo a obligaciones tributarias referidas al Estado, y por tanto no a otras como las del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal).

De la redacción del RDL 7/2020 resulta que la concesión del aplazamiento es automática y sin garantía. Sin embargo, esa facilidad se explica porque, de manera sorprendente si se considera la finalidad del RDL7/2020, se exige que las solicitudes presentadas reúnan los requisitos para la concesión de aplazamientos con dispensa total o parcial de garantías a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la Ley 58/2003, General Tributaria. Si se revisa dicha disposición, las deudas tributarias han de ser de cuantía inferior a 30.000 euros -importe fijado en la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre-. Esta restricción delimita extraordinariamente el perímetro de deudas para las que pueda aprovecharse la nueva disposición.

Finalmente, se prevén condiciones específicas para el aplazamiento:

-El plazo será de seis meses.

-No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento. Recordemos que el tipo de interés anual de demora es del 3,75%.

La AEAT ha facilitado algunas instrucciones provisionales para acceder a la medida, que se resumen en la inclusión de la expresión “Aplazamiento RDL” en el campo “Motivo de la solicitud” de la petición de aplazamiento.

 

3.COMENTARIOS A LA MEDIDA TRIBUTARIA.

La medida tributaria facilitadora de los aplazamientos prevista en el RDL 7/2020 debe ser bienvenida, pero sorprende por su manifiesta insuficiencia y su perfil sólo cosmético, y por tanto, por su falta de miras ante la situación económica provocada por el COVID-19. A pesar de que algunos conceptos tributarios pasan a ser aplazables y de que hay una cierta tolerancia en el cálculo de los intereses de demora, no tiene sentido restringir la ventaja a sólo las deudas tributarias inferiores a 30.000 euros. Tampoco se prevén especiales ventajas para los aplazamientos en los sectores económicos más afectados por la crisis, singularmente el turístico.

Recientemente, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado la Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo Coronavirus.

Resumen de la medida

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS

Paralización de la actividad por decisión de la empresa

Las empresas pueden adoptar medidas organizativas o preventivas que, de manera temporal, eviten situaciones de contacto social, sin necesidad de paralizar su actividad.
No obstante, y para cuando esto no resulta posible, de conformidad con lo recogido en el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), y en lo que atañe al riesgo de contagio por coronavirus, cuando las personas trabajadoras estén o puedan estar expuestas a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, la empresa estará obligada a:
Informar lo antes posible acerca de la existencia de dicho riesgo,
Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, las personas trabajadoras puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.
En aplicación de esta norma, las empresas deberán paralizar la actividad laboral en caso de que exista un riesgo de contagio por coronavirus en el centro de trabajo, ello no obstante la activación de medidas que permitan el desarrollo de la actividad laboral de forma alternativa o bien, de ser necesario, la adopción de medidas de suspensión temporal de la actividad, de conformidad con lo recogido en los siguientes apartados de esta guía.

Paralización de la actividad por decisión de las personas trabajadoras

En caso de que la prestación de servicios en el centro de trabajo conlleve un riesgo grave e inminente de contagio por coronavirus, y en aplicación de lo previsto en el mencionado artículo 21 LPRL, en su apartado 2, también las personas trabajadoras pueden interrumpir su actividad y abandonar el centro de trabajo.
Asimismo, por decisión mayoritaria, la representación unitaria o las delegadas y delegados de prevención, podrán acordar la paralización de la actividad de las personas trabajadoras afectadas por el riesgo de contagio grave e inminente por coronavirus.
Las personas trabajadoras y sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.
A los efectos de lo recogido en los puntos 1 y 2 anteriores, es necesario tener en cuenta la definición que el propio artículo 4.4 de la LPRL da de un riesgo “grave e inminente”: ’Todo aspecto que resulte probable que se materialice en un futuro inmediato y pueda ser causa de gravedad para la salud de todos los trabajadores del puesto”.
Tratándose de una situación excepcional, en la que se requiere a la empresa una actividad de prevención adicional y diseñada específicamente para hacerle frente, la interpretación que debe darse a la “situación de riesgo grave e inminente” debe ser una interpretación restrictiva.
En relación al análisis de la gravedad exigida por el precepto, de existir riesgo de contagio, y en cuanto a las consecuencias dañinas de la exposición al virus, se puede afirmar que, de ser real esta posibilidad, su existencia con carácter general.
Sin embargo, y en cuanto a la inmediatez del riesgo, la mera suposición o la alarma social generada no son suficientes para entender cumplidos los requisitos de norma, debiendo realizarse una valoración carente de apreciaciones subjetivas, que tenga exclusivamente en cuenta hechos fehacientes que lleven a entender que la continuación de la actividad laboral supone la elevación del riesgo de contagio para las personas trabajadoras.

Medidas preventivas

Con carácter general, y a excepción de aquellos puestos de trabajo en los que existan riesgos específicos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, deben aplicarse los deberes ordinarios de protección establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.
El deber de protección de la empresa implica que esta debe garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo que están bajo su ámbito de dirección, es decir bajo su capacidad de control.
No obstante, y sin perjuicio de aquellas actividades en las que exista un riesgo profesional incluible dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, es posible que las empresas puedan verse afectadas por las medidas de salud pública que en cada momento sean aconsejadas o prescritas por el Ministerio de Sanidad en función del nivel de alerta pública (medidas higiénicas, de comportamiento, limpieza, etc.).
Ello sin perjuicio de que pudiera ser prescrita una situación de aislamiento o susceptibilidad de contagio por las Autoridades Sanitarias en un escenario (centro de trabajo), en el cual no quepa prever una situación de riesgo de exposición debido a la naturaleza de su actividad laboral (por ejemplo, medidas de vigilancia y cuarentena en un centro no hospitalario).
En todo caso, las empresas deberán adoptar aquellas medidas preventivas de carácter colectivo o individual que sean indicadas, en su caso, por el servicio prevención de acuerdo con la evaluación de riesgos, esto es, en función del tipo de actividad, distribución y características concretas de la actividad que la empresa realice.
Entre las medidas que pueden adoptarse de acuerdo con las indicaciones del servicio de prevención y siempre en atención a las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias, están las siguientes:
Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona.
Adoptar, en su caso, medidas específicas para las personas trabajadoras especialmente sensibles.
Proporcionar información sobre medidas higiénicas, como lavarse las manos con frecuencia, no compartir objetos, ventilación del centro de trabajo, y la limpieza de superficies y objetos.
En este sentido, las empresas deberán poner a disposición de las personas trabajadoras el material higiénico necesario, y adoptar los protocolos de limpieza que fuesen precisos.

 

NORMATIVA LABORAL

El teletrabajo como medida organizativa

En aquellos supuestos en los que no se prevea inicialmente en el contrato de trabajo como una medida temporal que implique la prestación de servicios fuera del centro de trabajo habitual, el teletrabajo podría adoptarse por acuerdo colectivo o individual, con un carácter excepcional, para el desarrollo de tareas imprescindibles que no puedan desarrollarse en el centro físico habitual, una vez se hayan establecido los ajustes o precauciones necesarias de tipo sanitario y preventivo, y conforme a los procedimientos regulados en el Estatuto de los Trabajadores.
En todo caso, la decisión de implantar el teletrabajo como medida organizativa requerirá:
Que se configure como una medida de carácter temporal y extraordinaria, que habrá de revertirse en el momento en que dejen de concurrir aquellas circunstancias excepcionales.
Que se adecúe a la legislación laboral y al convenio colectivo aplicable.
Que no suponga una reducción de derechos en materia de seguridad y salud ni una merma de derechos profesionales (salario, jornada -incluido el registro de la misma-, descansos, etc.).
Que, si se prevé la disponibilidad de medios tecnológicos a utilizar por parte de las personas trabajadoras, esto no suponga coste alguno para estas.

Suspensión total o parcial de la actividad por expediente de regulación de empleo

Si la empresa se viese en la necesidad de suspender su actividad de manera total o parcial, ya sea por decisión de las Autoridades Sanitarias o bien de manera indirecta por los efectos del coronavirus en el desempeño normal su actividad, podrá hacerlo conforme a los mecanismos previstos en la normativa laboral vigente y por las causas contempladas en la misma -artículo 47 del ET y Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada-.
Una empresa podría ver afectada su actividad por el coronavirus por causas organizativas, técnicas o de producción, entre otras:
Por la escasez o falta total de aprovisionamiento de elementos o recursos necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial como consecuencia de la afectación por el coronavirus de empresas proveedoras o suministradoras.
Por un descenso de la demanda, la imposibilidad de prestar los servicios que constituyen su objeto o un exceso o acumulación de productos fabricados, como consecuencia de la disminución de la actividad por parte de empresas clientes.
El expediente temporal de empleo podrá ser de suspensión total o parcial de la jornada o de reducción de la misma, en tanto en cuanto la causa productiva, técnica u organizativa no afecte a la totalidad de las horas o días de trabajo desempeñadas por la persona trabajadora.
Se entiende como fuerza mayor, a efectos de la regulación temporal de empleo, con carácter general, aquella generada por hechos o acontecimientos involuntarios, imprevisibles, externos al círculo de la empresa y que imposibilitan la actividad laboral.
Podrían ser consideradas como causas que justifican un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, entre otras análogas, las siguientes:
Índices de absentismo tales que impidan la continuidad de la actividad de la empresa por enfermedad, adopción de cautelas médicas de aislamiento, etc.
Decisiones de la Autoridad Sanitaria que aconsejen el cierre por razones de cautela.
En todo caso, cualquiera que sea la causa, la empresa deberá seguir el procedimiento establecido, que incluye el preceptivo periodo de consultas con la representación del personal o comisión ad hoc constituida al efecto, teniendo en cuenta que dicho procedimiento se aplica cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.
En el caso de que la interrupción de la actividad se entienda ocasionada por fuerza mayor, será necesaria la previa autorización de la autoridad laboral, aplicándose las peculiaridades previstas respecto de tal causa.

Suspensión total o parcial de la actividad sin tramitación de un expediente de regulación de empleo

En el caso de que la empresa afectada por alguna de las causas productivas, organizativas o técnicas no procediese a la comunicación de un expediente de regulación de empleo, pero igualmente paralizarse su actividad, resultaría de aplicación lo previsto en el artículo 30 ET, de manera que la persona trabajadora conservará el derecho a su salario.

EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL

No obstante, el contenido de esta Guía, todo ello ha de entenderse sin perjuicio de lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil en su artículo 24.2.b), a propósito de la declaración de una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil:
”Las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en la emergencia, así como en las pérdidas de actividad directamente derivadas de la misma que queden debidamente acreditadas, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En el primer supuesto, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el periodo de suspensión, manteniéndose la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial, con los límites legalmente establecidos.”

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